Colombia: cinco años de paz

La oposición de un gobierno que nunca quiso pactar la paz y el resurgimiento de las FARC marcan el primer lustro en Colombia tras más de cincuenta años de conflicto interno.

Un reportaje de Javier Sánchez Pedrera

“El problema de la paz en Colombia no es el de la guerrilla. Es el de la violencia política que viene desde los comuneros. En Colombia no ha habido prácticamente un solo día sin guerra civil.”

Gabriel García Márquez, 1985

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El 24 de agosto de 2016, Luciano Marín, más conocido en la guerrilla como Iván Márquez, vestía enteramente de blanco. Estaba en La Habana y su mano se estrechaba enérgicamente con la del presidente Juan Manuel Santos, luego con la del presidente cubano Raúl Castro, después con la de su compañero en armas Rodrigo Londoño, más conocido en la guerrilla como Timochenko, y así con el resto de los allí presentes. Todos se miraban y sonreían porque tras más de cincuenta años en guerra, Colombia al fin había conseguido su ansiada paz.

Esa no era la primera vez que el país presenciaba un acuerdo de paz con una guerrilla. El 9 de marzo de 1990, el gobierno liderado por el entonces presidente Virgilio Barco lo hizo con el movimiento 19 de abril, una organización guerrillera de carácter nacional socialista, aunque ambos casos no son comparables ni por antigüedad ni por importancia.

Dos años después de los acuerdos de La Habana, Luciano desaparecería del mapa. Al poco tiempo publicaría un tuit en el que decía que haberse convertido en un partido político había sido un grave error y que los fusiles eran la única manera que tenían de garantizar que el estado cumpliera con los compromisos pactados. Vuelta a empezar. El 29 de agosto de 2019, Luciano anunciaba a través de un vídeo en YouTube –esta vez vestido enteramente de verde oliva y con las letras FARC-EP bordadas en el pecho– el retorno de la guerrilla a la lucha armada.

– Anunciamos al mundo que ha comenzado la segunda marquetalia bajo el amparo del derecho universal que asiste a todos los pueblos de levantarse en armas contra la opresión.

La historia de Luciano Marín, uno de los comandantes históricos de las FARC, ejemplifica la fragilidad de un pacto histórico y es que en tan solo cinco años Colombia ha pasado de firmar uno de los acuerdos más ambiciosos que se recuerdan a caminar en dirección a lo que todo apunta es una paz fallida. El incumplimiento de las medidas pactadas por parte del estado, los más de 250 excombatientes asesinados desde 2016 y la política de confrontación impulsada por el actual gobierno de Iván Duque explica la ruptura del proceso de paz y el resurgimiento de nuevos frentes que ponen en jaque la continuidad de los acuerdos.

Jefes de estado y exmiembros de las FARC durante la ceremonia de los Acuerdos de Paz en La Habana. ©CC
El auge de las disidencias

El año de la pandemia también fue el de la consolidación de las disidencias. El hartazgo de muchos excombatientes descontentos con la gestión del presidente Iván Duque engordó rápidamente las cifras de la guerrilla más antigua de América. Aunque es difícil establecer números oficiales, el entonces Ministro de Defensa Nacional, Carlos Holmes Trujillo, estimaba la cifra alrededor de los 5.000 efectivos. A los 1.200 guerrilleros que jamás aceptaron los diálogos de paz, se sumaron cerca de 4.000: muchos de nueva incorporación y otros procedentes de esa hornada que decidieron retomar la lucha armada.

Hoy las FARC, lejos de desaparecer, son una guerrilla en reconstrucción a pesar de que los conflictos internos la reduzcan a pequeñas facciones rivales que operan de manera individual. Mientras eso ocurre, otros grupos amplían su poder en el territorio como es el caso de las tropas del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o la infinidad de grupos paramilitares que luchan entre sí por hacerse con el control del negocio del narcotráfico y las armas. A estos últimos se los responsabiliza de la mayoría de asesinatos de excombatientes de las FARC y líderes sociales del país, aunque el foco principal se mantiene sobre todo en la pasividad con la que el gobierno actual está gestionando la situación. Desde 2016 se han registrado más de 250 muertes de exguerrilleros.

Los incumplimientos

Iván Duque nunca quiso pactar la paz. Al igual que su mentor, el expresidente Álvaro Uribe, Duque siempre apostó por un estado fuerte que combatiera la guerrilla en el campo de batalla y no en el congreso. Tras asegurarse la retirada total de las armas por parte de los guerrilleros desmovilizados de las FARC, inició una campaña de desprestigio sutil a los acuerdos de paz firmados por su antecesor y volvió a militarizar el país dejando para el recuerdo ofensivas como el bombardeo a un campamento rebelde en 2019 en el que murieron siete menores de edad, o el suceso más reciente -en marzo de 2021- en el que otro bombardeo mató al menos a dos menores durante una operación para eliminar al líder de una de las disidencias de las FARC, el comandante Miguel Botache, alias Gentil Duarte.

El Presidente Iván Duque durante un acto con el Ejército. ©César Carrión

El resultado de estas acciones es evidente. Colombia es hoy un estado mucho más violento que cuando Iván Duque tomó el cargo en 2018, algo que la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha ido señalando desde prácticamente el principio de su mandato. Pero la deriva violenta no solo afecta a las guerrillas y grupos armados, también a excombatientes que firmaron la paz e incluso a civiles.

– ¡Colombia es el país más peligroso del mundo para ser sindicalista!

El 22 de octubre de 2020, el senador Paul Gavan aprovechó su turno de palabra en el parlamento irlandés para denunciar la nula voluntad política del gobierno colombiano para cumplir los acuerdos de paz. Paul estuvo de visita en el país un año antes durante una jornada de monitoreo de paz organizado por Justice For Colombia, y fue testigo de historias como la del asesinato del joven sindicalista de 18 años Jayder Quintana. “Unos minutos antes de que lo asesinaran, llegaron varios policías y le pidieron su documento de identidad para comprobar que era él. Entonces aparecieron un grupo de paramilitares de derechas y le dispararon hasta matarlo”, dice Paul.

Eduardo Cifuentes tiene 68 años, es abogado, profesor, jurista y desde 2020 también es presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), una de las instituciones que investigan la implementación y el desarrollo de los acuerdos de paz. En marzo de este mismo año, la JEP presentó un informe desalentador: más de 900 líderes sociales y casi 300 excombatientes han sido asesinados en menos de cinco años. “Cada punto que falta por implementar enarbola la violencia, y la violencia aterroriza. Este es el mensaje paralizante que se quiere enviar con cada asesinato”, asegura Eduardo.

Como consecuencia, unos meses más tarde de estas declaraciones, el 21 de octubre de 2020, dos mil excombatientes iniciaron una marcha desde el municipio de Mesetas, en el interior del país, hasta la capital. Lo hicieron como medida de protesta contra los asesinatos de excombatientes. En el momento de partir, la cifra se situaba en 234. Tras diez días de peregrinación llegaron a la Plaza Bolívar, en el centro histórico de Bogotá, para entonces la cifra había aumentado a 236.

El goteo de asesinatos a ex miembros de las FARC ha sido una constante durante el último lustro. De hecho, la sensación de vulnerabilidad es tal que muchos ven en la guerrilla la seguridad que no encuentran en la vida civil, y es que en algunos casos, los homicidios se producen en las mismas instalaciones que el gobierno instaló para reunirlos durante su periodo de reincorporación. Este fue el caso del excombatiente Alexander Parra Uribe, alias Rodolfo Fierro. Alexander, una figura importante entre los guerrilleros desmovilizados, fue abatido a tiros en el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Mesetas, en el departamento del Meta.

Imagen aérea de uno de los ETCR situados en el departamento del Meta. ARN
Imagen aérea de uno de los ETCR situados en el departamento del Meta. ARN

Félix Roberto Sanabria, conocido en la guerrilla como Aldemar Casas Barragán, recuerda lo sucedido con tristeza. “Era uno de los mejores líderes que teníamos en la región, pero aun así la mayoría seguimos comprometidos con los acuerdos que firmamos” dice con tono solemne. Durante 34 años, Félix fue un combatiente más de las FARC, hasta que en marzo de 2003 lo capturaron. Ingresó en la guerrilla muy joven, con tan solo 12 años ya llevaba fusil y traje militar. Se unió a las FARC después de que el arrendatario de la finca en la que trabajaba cultivando café le propusiera entrar, y no lo dudó. Hoy Félix, 51 años, nariz gruesa y una sonrisa que deja entrever la falta de varios dientes frontales sigue manteniendo cierta disciplina en el momento de hablar, como si en vez de conversar estuviera declarando algo a un superior. Tras su captura pasó por cuatro cárceles distintas hasta recalar en 2016 en el ETCR Mariana Páez, en Mesetas.

La creación de los ETCR fue una de las últimas acciones del gobierno de Juan Manuel Santos. En total, 24 campamentos construidos en la denominada Colombia olvidada –allí donde las milicias de las FARC tuvieron mayor presencia– con el objetivo de iniciar la primera fase de reincorporación a la vida civil. El de Mariana Páez ocupa una extensión de 17 hectáreas. Una cuadrícula de casas de hormigón y techo de aluminio contrasta con el verde exuberante que los rodea. En un principio estaba pensado para albergar a 720 excombatientes pero solo llegaron algo más de 500. Félix era uno de ellos. Él, junto con otros 40 compañeros, decidió quedarse y fundar una cooperativa que sigue funcionando en la actualidad.

– Nos dijeron que teníamos que marchar, que los ETCR eran algo temporal y que en su lugar iban a construir una base militar, pero los acuerdos decían que podíamos realizar nuestro proceso de reincorporación donde creyéramos conveniente, así que decidimos que este era un buen lugar.

Turismo de paz

Con el tiempo todos los ETCR se han convertido en pequeñas cooperativas formadas por excombatientes que se dedican mayormente al cultivo de la tierra y la explotación ganadera. Félix recuerda que al principio probaron con el maracuyá pero no era rentable, después hicieron lo propio con el café que fue mejor. Ahora tienen cultivos de todo tipo: aguacates, caña de azúcar, cacao, etc. También tienen una pequeña granja con cerdos pero desde hace un tiempo, además, están apostando por el llamado turismo de paz, aunque Félix prefiere llamarlo turismo comunitario porque quieren que los campesinos y los habitantes de la zona también se beneficien de esta actividad.

En Colombia, el turismo de paz está íntimamente relacionado con la naturaleza. ©iStock

Le pregunto si no hay cierto morbo en ir acompañado de excombatientes y pisar zonas que hasta hace unos años estaban prácticamente vetadas al resto de la población por el riesgo de ser secuestrado o asesinado por la propia guerrilla. Me contesta que sí, pero que también hay curiosidad por saber más de sus vidas. “Hay muchos colombianos que solo supieron de la guerra por los medios de comunicación, por eso vienen, para conocer como vivíamos, donde dormíamos, que hacíamos en nuestros ratos libres. Pese a todo, la mayoría de turistas que vienen son extranjeros y es comprensible, la herida aún es muy reciente”, dice.

Gracias a un proyecto financiado por el Consejo Noruego para Refugiados (NRC) y la colaboración de entidades como Green Pepper Travel, la cooperativa fundó la agencia de viajes ‘Paraísos Ocultos’. Desde entonces, organizan salidas a la selva, caminan por los escenarios por donde antaño instalaban minas o caían bombas o el ejército les sorprendía con una emboscada. Hoy explican sus experiencias mientras practican actividades como el senderismo, el rafting o el rapel rodeados de un entorno idílico como lo es la selva colombiana. Pero los turistas no son los únicos que comienzan a adentrarse en la selva, la desmovilización de la guerrilla ha permitido que científicos y empresas accedan por primera vez en décadas.

Redescubriendo la selva

Colombia es un país mega diverso. En todo el mundo solo hay 16 países más con esta distinción designada por el Centro de Seguimiento de la Conservación Mundial de las Naciones Unidas. Entre todos ellos, representan el 10% de la superficie mundial de la Tierra, sin embargo, albergan más del 70% de la vida en el planeta. La lista la forman países que uno podría predecir fácilmente como Madagascar o Papúa Nueva Guinea, pero también países como China o India, dos de los más contaminados de todo el mundo y es que esta etiqueta se otorga a aquellos que más allá de su biodiversidad, congregan gran variedad de ecosistemas.

Exceptuando las grandes ciudades como Bogotá, Medellín o Cali, el resto del territorio colombiano es en definitiva una enorme alfombra verde. Durante décadas, la selva y los bosques tropicales fueron el mejor escondite de la guerrilla –en algunos lugares sigue siendo así– y penetrar en ella se pagaba con la vida. Paradójicamente, el conflicto hizo que esas regiones conservaran su biodiversidad sin el riesgo de ser intervenidos por los humanos. Pero la desmovilización de aproximadamente 15.000 guerrilleros abrió las puertas a científicos que se frotaban las manos impacientes por adentrarse en tierra virgen. Bajo el nombre de ‘Colombia Bio’, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación impulsó una veintena de expediciones a la selva en las que no solo participaron profesionales y entidades como el reputado Instituto de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt, sino que también lo hicieron los propios excombatientes acompañando a los biólogos y asistiendo prácticamente como técnicos.

Gran parte del territorio colombiano está formado por selvas tropicales y bosques húmedos. ©Julián Andrés Carmona

El caso más sorprendente fue el de Diego Calderón. Biólogo, fundador de la primera empresa colombiana de observación de aves, Colombia Birding, y uno de los principales promotores del Global Big Day en Colombia, Diego fue secuestrado en 2004 durante 88 días por el frente 41 de las FARC mientras realizaba una de sus expediciones. Tras los acuerdos de paz, inició el proyecto ‘Pajariando con FARC’, una serie de charlas en las que ex paramilitares, excombatientes y amantes de las aves debaten juntos sobre ornitología y paz.  

Colombia es el país con mayor variedad de aves del mundo. Se calcula que existen más de 1900, de las cuales cerca de 80 son endémicas. Algunas de las más representativas son el colibrí, el águila arpía, el quetzal dorado o la oropéndola chocoana. Las aves son determinantes para el ecosistema pero también ayudan a uno a situarse en la selva. A través de sus cantos se puede saber a qué altura sobre el nivel del mar o en qué región geográfica se está. Eso bien lo sabe Edwin Acevedo, director de Native Birding Colombia, una empresa especializada en guías de observación de aves.

Desde que la fundó -poco antes de firmarse los acuerdos de La Habana- no ha parado de viajar por todo el país ayudando a grupos de turistas a avistar toda clase de aves. En Colombia hay muchos lugares donde dejarse ir y pajariar tranquilo, pero los alrededores de Mitú es su preferido. Allí confluyen varios tipos de ecosistemas, como por ejemplo, las selvas hiperhúmedas, los bosques de arena blanca o los tepuyes imponentes que se alzan a las alturas hasta peinar las nubes.

Situado al norte de la Amazonía colombiana, muy cerca de la frontera con Brasil, Mitú es un municipio de algo más de 15.000 habitantes, por eso sorprende que sea la capital del departamento del Vaupés, al sureste del país. Mitú también pertenece a eso que con el tiempo se ha llamado Colombia olvidada, las regiones donde tradicionalmente la presencia del estado ha sido prácticamente inexistente. Rodeado de naturaleza exuberante y prácticamente abandonado por el gobierno, el 1 de noviembre de 1998, cerca de 1.500 guerrilleros de las FARC perpetraron uno de los ataques más sangrientos de su historia. Mataron policías, secuestraron civiles y derrumbaron cualquier tipo de estructura. Afortunadamente hace años que la guerrilla dejó de operar en la región y Edwin asegura que es completamente seguro. “Es comprensible tener recelos pero el turismo de naturaleza en Colombia es muy seguro, entre otros motivos porque se tratan de circuitos cerrados en los que se estudia no solo el fácil acceso sino también la seguridad en cuanto a las guerrillas y los grupos armados.”

Justo veinte años después del brutal ataque, en 2018, Mitú y el Vaupés volvieron a aparecer en los principales medios de comunicación aunque esta vez era por el descubrimiento de 18 nuevas especies de fauna y flora gracias a una expedición organizada por Colombia Bio. El fin del conflicto armado ha supuesto una revolución en el mundo de la biología hasta el punto de encontrar cada año especies que hasta la fecha no se conocían. Para Edwin, sin embargo, en la actualidad está ocurriendo un fenómeno incluso más interesante: el de redescubrir especies que se creían extintas. “Cerca de donde yo vivo hace poco encontraron un ave que hacía casi cincuenta años que no se avistaba, de hecho, se consideraba extinta”, dice entusiasmado.

Si bien estas hazañas han sido posibles gracias a los acuerdos de paz que despejaron la selva de guerrilleros, Edwin apunta que también podría ser el motivo por el cual se destruya parte de la biodiversidad. “La minería, la deforestación o los cultivos extensivos son una amenaza seria en Colombia. El aviturismo, como cualquier tipo de turismo sostenible, es una oportunidad para revertir esta situación, pero se necesita compromiso político”, concluye.

Los peligros de la selva desmilitarizada

– Por cada hectárea de coca plantada, se destruyen tres de selva tropical.

Con esas palabras justificaba Iván Duque su plan para militarizar también la lucha contra la deforestación. A principios de 2019, el presidente dio el visto bueno a la Operación Artemisa, un misión que prometía parar la hemorragia forestal y reducir la tasa en al menos la mitad para el final de su mandato, en 2022. A poco menos de un año de terminarse el plazo marcado, el objetivo parece cada vez más difícil de cumplir.

Según datos de la plataforma Global Forest Watch, desde 2001 Colombia perdió 1.69Mha de bosque primario húmedo, siendo el último lustro el periodo de mayor pérdida. En 2016, fueron cerca de 18.000 hectáreas, casi el doble que el año anterior. En 2017, la cifra volvió a aumentar un 23% y para 2018 se situaba alrededor de las 300.000 hectáreas. Para hacerse una idea de lo que supone, la Universidad de Lancaster en colaboración con la Red Amazonía Sustentable publicó un estudio que calculaba que en tan solo una hectárea de suelo amazónico hay aproximadamente más de 300 árboles, casi 100 plantas, 160 pájaros, 30 anfibios, 10 primates, 22 reptiles y 1.000 millones de insectos e invertebrados.

La amenaza de la deforestación en las regiones amazónicas cada vez es mayor. ©iStock

Mientras la sangría de cifras continua aumentando cada año, el Ministerio de Medioambiente saca pecho de la gestión. Según ellos, la Operación Artemisa ha conseguido recuperar cerca de 7.000 hectáreas de bosque. Al mismo tiempo, los ambientalistas acusan al propio gobierno de ser cómplices activos de la desaparición de vegetación y fauna. Un ejemplo es el Guaviare, el segundo departamento más deforestado del país. Allí, la tala de árboles llegó a crecer hasta un 233% entre los años 2016 y 2017 y las últimas investigaciones apuntan a líderes locales y funcionarios como responsables de la concesión y explotación de tierras protegidas.

– Muchas de esas actividades, como la minería, la tala de árboles o la explotación de grandes monocultivos son apoyados por la propia institucionalidad.

Quien lo dice es Bárbara Pulido (nombre ficticio para preservar su anonimato), asesora de una de las alas ministeriales del gobierno de Iván Duque. Consciente de la hipocresía, lo suelta tímidamente. Guaviare es solo un caso, pero hay muchos otros.

El 29 de mayo de 2022 Colombia celebrará nuevas elecciones. El país, inmerso en una espiral de violencia después que el gobierno de Iván Duque planteara una reforma tributaria, las afronta con más incógnitas que certezas, sin embargo, esta puede ser la última oportunidad para sostener una paz que tras cinco años parece fallida.